Los cordobeses piden menos la baja por el miedo a perder el trabajo

Los cordobeses piden menos la baja por el miedo a perder el trabajo

Los procesos por incapacidad de los asalariados han bajado un 15% desde el año 2007 mientras que los de los autónomos han crecido un 21% · Granada es la provincia andaluza donde más se han reducido

A. CALERO | ACTUALIZADO 21.12.2009 - 01:00

Unos operarios trabajan en la ejecución de una obra.

Tener un puesto de trabajo en la actualidad se considera una fortuna. La crisis está teniendo su lado más triste en la continua pérdida de empleos, por lo que quien tiene uno se encarga de cuidarlo más. Esta situación puede provocar incluso que muchos cordobeses dejen de pedir la baja por enfermedad por el miedo a posibles represalias laborales. Los datos extraídos de la Seguridad Social muestran un descenso en este tipo de permisos por incapacidad desde que comenzara la crisis. Así, en el año 2007 el promedio de bajas al mes era de 5.596 entre accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y contingencias comunes (es decir, fuera del horario laboral), mientras que en 2009 ese registro ha bajado hasta 4.757, es decir un 15% menos. No obstante, Córdoba es la provincia donde menos se ha reducido este tipo de prestación ya que Granada, por ejemplo, lidera la caída en Andalucía donde los procesos de incapacidad han bajado un 26,2% desde 2007. Le sigue Almería, con un 22,5% menos y Málaga, donde han bajado un 20% desde el año 2007.

Los sindicatos tienen claro que detrás de este descenso está el miedo a perder el trabajo y la presión de las mutualidades ya que cuando el trabajador lleva un número de días, es la mutua la que se hace cargo del salario. Hay que tener en cuenta, según apuntan desde UGT, que muchos empleados tienen un contrato temporal, por lo que también se lo piensan mucho a la hora de solicitar este permiso, pues no sería la primera vez que esto provocase una restricción del contrato, según los casos que han llegado a los sindicatos durante estos últimos meses debido a la coyuntura económica. No obstante, en estos momentos el recelo de los cordobeses es el motivo del descenso de los procesos de incapacidad, ya que la normativa es muy clara al respecto y los trabajadores están muy protegidos. 

En el caso de los autónomos, la tendencia parece la contraria. Según la Seguridad Social, el promedio de bajas al mes en 2007 era de 514 mientras que en lo que va de este 2009, la media mensual es de 627 procesos de incapacidad, lo que supone un crecimiento del 21%. Otra diferencia que se observa entre los asalariados y los trabajadores por cuenta propia es el número de días que permanecen de baja. Así, en el primer caso la media se encuentra en 49 jornadas mientras que la incapacidad de los autónomos tienen una duración media de 100 días, según los datos oficiales que ofrece la Seguridad Social.

Nueva muerte en el trabajo en Andalucía

 

Se ha producido una nueva muerte en el trabajo en Andalucía. Sevilla, 17 de diciembre de 2009    Ayer se produjo una nueva muerte en el trabajo en Andalucía. Un trabajador, de 52 años de edad y nacionalidad colombiana, falleció ayer en Marbella (Málaga) tras caerle encima el portón del taller de chapa y pintura en el que trabajaba en el polígono industrial La Ermita. El accidente laboral tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas cuando el trabajador tiró del portón del garaje para abrir el taller y el cable que lo sostenía se rompió cayéndole encima.         "NO MÁS MUERTES EN EL TRABAJO, EL TRABAJO ES PARA LA VIDA " "QUE LOS OBREROS MUERTOS EN EL CAMPO DE HONOR DEL TRABAJO Y DE LA LUCHA DESCANSEN EN PAZ"   Delegación de Pastoral Obrera. Archidiócesis de Sevilla.

El desempleo y el temor al despido reducen las bajas laborales

El desempleo y el temor al despido reducen las bajas laborales

La Seguridad Social registra un gran descenso del 20% de incapacidades temporales en estos dos años de crisis · Los gaditanos son los trabajadores del país que más se acogen a esta protección ante un accidente

BEATRIZ REVILLA / CÁDIZ | ACTUALIZADO 14.12.2009 - 05:01

El impacto de la crisis en el mercado de trabajo es de sobra conocido: fuerte crecimiento del paro, congelación salarial y aumento de la precariedad. Pero también hay otros efectos colaterales provocados por el clima de pesimismo y el agobio ante la falta de oportunidades que influyen directamente en el trabajador y en sus condiciones laborales. Entre estos factores hay uno que destaca sobremanera: las bajas laborales. En estos dos años de recesión económica, la Seguridad Social ha registrado un fuerte descenso del volumen de casos a nivel general y específicamente entre aquellos de menor gravedad y, por lo tanto, de duración inferior.

La repercusión de este cambio en la provincia de Cádiz es muy alta por la especial incidencia de bajas entre su población ocupada. Según los datos del Ministerio de Trabajo, entre 2007 y 2009, los procesos iniciados de incapacidad temporal han descendido un 19,6%, ya que se ha pasado de una media mensual de 13.763 a los 11.068 abiertos este año (hasta agosto).

Esta importante reducción también puede asociarse, por supuesto, a la caída de la ocupación, especialmente en la construcción, el sector que, con diferencia, tiene los mayores índices de siniestralidad laboral. Sin embargo, hay un dato que aleja toda duda sobre este fenómeno y es la incidencia relativa por cada 1.000 trabajadores: hace dos años se producían 37,4 casos, mientras que ahora son poco más de 33, es decir, hay un 11% menos de personas que se cogen una baja por enfermedad o accidente. Además, es más pronunciada la caída si el siniestro o patología se producen en el ámbito laboral (-23,2%), frente a los que se registran fuera de él (-8,6%), llamados por contigencias comunes, como son una lesión deportiva o una gripe. Esta diferencia es importante porque refleja que los empleados se contienen o fuerzan más su situación antes de pedir la incapacidad pero, adicionalmente, hay menos percances en el tajo.

Este fenómeno ha quedado constatado en un estudio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, integrada por los facultativos responsables de la tramitación de estas medidas de protección y de gestionar el alta y la baja de la prestación. Según argumentan desde el Grupo de Salud Mental del colectivo, se ha percibido que "aunque los pacientes no fuercen su vuelta antes de lo recomendable, sí que muchos comentan su temor a perder el trabajo si apuran o prolongan la baja". De hecho, este colectivo apunta también que los pacientes "expresan su miedo a tener problemas o perder su puesto si denuncian un caso de mobbing". Como consecuencia de estos factores y desde su experiencia de primera mano en la consulta, los médicos de familia confirman que "se indican menos bajas que años anteriores por motivos banales y que no requieren necesariamente una incapacidad temporal".

Otra tendencia, aunque menos clara, es que hay menos procesos cortos, lo que está provocando un efecto dispar. El tiempo medio de baja en los casos de siniestro laboral es de 27,1 días, más que antes de la crisis, y esto puede atribuirse a que hay menos incidentes pero más graves (también reflejado en las estadísticas de siniestralidad) y, además, los leves motivan menos salidas. En cambio, si se produce fuera del trabajo, la duración actual es de casi 33 días, ligeramente por debajo que antes de la crisis, lo que supone que la vuelta a la empresa tiende a adelantarse cuando la causa es externa.

De continuar con este rimo, el año terminará en total con cerca de 3,7 millones de jornadasperdidas por este motivo, cerca de un millón menos de las que se contabilizaron en 2007 (4.644.906).

Las cifras hablan por sí solas, pero además son especialmente elocuentes tratándose de Cádiz, la provincia española, junto a León, donde se tramitan más incapacidades por accidente o enfermedad en la empresa: 5,6 casos por cada 1.000 empleados -la media nacional son 4,3-. La posición, en cambio, es más moderada cuando se trata de contingencias comunes (27,5 casos frente a 26,4), pero sí destaca en Andalucía con la segunda mayor incidencia sólo precedida por Málaga. Son más frecuentes y también hay más abundancia de las cortas, de ahí que el tiempo medio baje considerablemente en comparación con el resto del país: 27,1 días frente a 32,6 si se produce durante el desempeño laboral y 32,8 días frente a 40,7 si es fuera de él.

Cuarta reforma de la legislación

Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería

Entre sus novedades destaca la ampliación de 60 días del plazo máximo de retención de inmigrantes

 

Protesta contra la Ley de Extranjeria. EFE

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¿Le parece suficiente esta reforma?

Todo lo que debe saber sobre inmigración

EP Este domingo entrará en vigor la nueva Ley de Extranjería, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado que el Parlamento respaldó el pasado 26 de noviembre y entre cuyas novedades se encuentra la ampliación a 60 días del plazo máximo que un inmigrante puede permanecer retenido en un centro antes de ser expulsado y la restricción del derecho de reagrupación familiar para los mayores de 65 años.

Se trata de la cuarta reforma de la legislación de extranjería en España en menos de una década. Comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de modificación y ordenó su tramitación por vía de urgencia. A partir de mañana, el Ejecutivo cuenta con seis meses de plazo para aprobar el Reglamento que la desarrolle y de forma a las principales novedades de la ley, que son las siguientes.

Si bien se amplía el plazo máximo de retención, se incrementarán las garantías sobre estas instalaciones policiales que dependen del Ministerio del Interior. La nueva ley impone que tras el ingreso en el CIE por orden judicial, otro juez velará por el respeto a los derechos fundamentales de quienes están internados. Además, se permitirá el acceso de las ONG a los centros y su funcionamiento será regulado y definido por un reglamento específico, hasta ahora inexistente.

Reagrupación familiar

En cuanto a la reagrupación, a partir de ahora los inmigrantes que hayan renovado su permiso de residencia inicial podrán reagrupar a su cónyuge o pareja (acreditada) y a los hijos menores de 18 años. Sin embargo, deberán llevar más de cinco años residiendo legalmente en España para traer a sus padres y demás familiares en grado de ascendencia, siempre que éstos tengan más de 65 años de edad y existan razones que lo justifiquen. Todos los reagrupados mayores de 16 años contarán automáticamente con un permiso de trabajo.

Menores desamparados

La principal novedad relativa a los menores es la potestad que reconoce la ley a las comunidades autónomas para transferir la custodia de estos niños a fundaciones privadas, ONG y otros gobiernos regionales, a fin de evitar la masificación en los centros de acogida y los problemas administrativos que se producen cuando niños llegados a Canarias tienen que ser trasladados a la Península.

Además, la nueva norma contempla la capacidad de los jóvenes de entre 16 y 18 años para "actuar en el procedimiento de repatriación" de forma que puedan intervenir personalmente o mediante un representante designado por ellos. Cuando se trate de menores de 16 "con juicio suficiente", los niños podrán contradecir las decisiones de quien ostente su tutela nombrando otro defensor judicial. Sin embargo, aunque reciban autorización de residencia podrán ser repatriados "cuando favorezca" a su "interés superior" como menores.

Competencias autonómicas

La nueva ley blinda las competencias que ya tienen reconocidas regiones como Cataluña o Andalucía en sus estatutos de autonomía.
Estas comunidades podrán gestionar los permisos iniciales de trabajo (el Estado concede los de residencia), informar los procedimientos de reagrupación familiar, firmar acuerdos de cooperación con los países de origen de los menores inmigrantes e imponer ciertas sanciones.

El aspecto más polémico para las ONG y asociaciones de inmigrantes es la capacidad que se concede a los gobiernos regionales con competencias para elaborar "un informe sobre la integración social del extranjero" que solicite una regularización por arraigo y que tendrá en cuenta "los esfuerzos de integración" del mismo, conforme el redactado de la ley. También podrán, las competentes, emitir informes sobre la "afectación al orden público" de un inmigrante.

Régimen sancionador e infracciones

La nueva ley considera "infracción grave" la estancia irregular en España, el trabajo sin autorización, no dar de alta en la Seguridad Social a un empleado extranjero, contraer matrimonio en fraude, promover la permanencia irregular en España de un inmigrante o consentir su inscripción en el Padrón Municipal para una vivienda que "no constituya el domicilio real del extranjero". La cuantía de las multas para este tipo de sanciones oscilará de los 501 a los 10.000 euros.

En cuanto a las "infracciones muy graves", la ley detalla todas las actividades relacionadas con el tráfico de personas y la promoción de la inmigración clandestina a España, la contratación irregular de trabajadores y el transporte de viajeros sin visado o pasaporte en regla, e incorpora en este apartado las conductas racistas y la xenofobia, que podrán ser sancionadas con multas de entre 10.001 y 100.000 euros.

Mujer, madre y trabajadora: una unión aún complicada

Mujer, madre y trabajadora: una unión aún complicada

Redacción Mujerhoy.com

Nos hablan de conciliación, de paridad, de igualdad laboral. Sin embargo, estos términos se quedan en simples palabras cuando, datos en mano, los trasladamos a la realidad del día a día de millones de mujeres que, madres y trabajadoras, ven cómo su familia se convierte en un obstáculo para su desarrollo profesional y cómo su carrera retrasa o entorpece su maternidad. Las cifras son claras. El último estudio del CSIC asegura que el 75% de nosotras hemos tenido problemas en el trabajo por nuestra condición de madres.

Aunque el 96 por ciento de las españolas asegura no haberse sentido discriminada nunca por ser mujer en ninguno de los ámbitos de su vida, según se desprende de un estudio realizado sobre 10.927 mujeres entre los 20 y los 64 años de edad por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, lo cierto es que las cifras del Informe "Fecundidad y trayectoria laboral de las mujeres en España", elaborado por el CSIC, no dice lo mismo.

La estimación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sitúa en 75 de cada cien el porcentaje de trabajadoras que han sufrido problemas laborales por su maternidad y son, precisamente, esos motivos los "culpables" de que estemos retrasando nuestra media de edad para ser madres.

Margarita Delgado, demógrafa del CSIC, reconoce que los avances en la consecución de la igualdad son "indudables" pero, al mismo tiempo, con "un coste que ha recaído principalmente en la mujer".

De acuerdo con las conclusiones de este estudio, las mujeres de entre 35 y 49 años con trabajo fijo tienen el primer hijo, de media, 3,7 años después de iniciar la convivencia, cifra que aumenta a 4,1 años entre las que trabajan en el sector público.

El nivel de estudios también influye a la hora de adoptar esta decisión: cuanto mayor es la formación, mayor es la edad a la que se casan y a la que tienen el primer hijo.

¿Consecuencias? Todo ello "contribuye" al envejecimiento de la población española y altera significativamente la pirámide demográfica; aunque a corto plazo ello no implicará un "colapso" dado que la población activa es muy amplia y los dependientes no muy voluminosos, en el futuro sí puede ser "un poco comprometido" para el sistema de pensiones.

Sin embargo, como ya adelantamos en Mujerhoy.com hace unos meses tras "tomar el pulso" a las españolas en nuestro barómetro, las quejas de las generaciones más jóvenes no se centran tanto en la discriminación como en los problemas de conciliación. Así, los resultados de esta encuesta arrojan que para las mujeres de entre 20 y 34 años, un segundo y un tercer hijo supone un incremento "significativo" en los problemas laborales, "pasando del 73,2 por ciento en el primer hijo al 80,3 y 83,7 por ciento para el segundo y tercero, respectivamente", concluyó Delgado.

Los sindicatos salen a la calle para ´cambiar las cosas´

"No vamos a dejar que una minoría con mucho poder se aproveche de la crisis", dicen CC.OO y UGT

 

 

EFE Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, advirtieron hoy al Gobierno y a la CEOE de que, para salir de la crisis económica, no pueden buscar "atajos" para la creación de empleo y deben mantener sus inversiones productivas.

Esta ha sido una de las la principales demandas que han hecho los líderes sindicales en la Puerta de Alcalá, al término de la movilización general que convocaron para pedir la recuperación del diálogo social y para exigir que se movilicen recursos para reactivar la economía.

Toxo avisó al Ejecutivo y a los patronos de que "precarizar" es la forma "más rápida de llegar al conflicto" y de que el "capital privado es cobarde" y se refugia en paraísos fiscales o en SICAV.

El líder de CCOO advirtió de que los sindicatos no acostumbran a amenazar, pero que actuarán "en consecuencia con las políticas que se desplieguen en el futuro inmediato", en alusión a la reforma laboral.

Además, pidió al Ejecutivo que cumpla con lo pactado en relación con la integración del régimen especial de los trabajadores agrarios (REASS) en el general de la Seguridad Social, y conseguir que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcance el 60% del salario medio para la próxima legislatura.

A las empresas, Toxo les reclamó moderación en sus beneficios y canalizar los excedentes hacia el tejido productivo.

"No es asumible ni tolerable que en una situación de crisis las empresas del IBEX repartan 18.000 millones de euros en beneficios cuando están despidiendo a miles de sus trabajadores", agregó.

Por su parte, Méndez dijo que en el corto plazo los sindicatos van a exigir medidas para recuperar el empleo entre los jóvenes y para que los empresarios busquen alternativas a los despidos, entre las que destacó la reducción de jornada.

Además advirtió al Gobierno de que, si quiere controlar el paro, tiene que "anteponer hasta que sea necesario" las inversiones públicas y las garantías de protección social.

El secretario general de UGT dijo que la manifestación de hoy es una "demostración de fuerza democrática para cambiar las cosas" ya que representa a la "inmensa mayoría" de este país, que son los trabajadores.

Frente a esta mayoría, señaló que hay "una minoría con mucho poder económico y mediático", que en su opinión atacan a los sindicatos porque "saben que somos el gran obstáculo que tienen y vamos a evitar que no se aprovechen de la crisis".

Méndez recordó que la crisis económica empezó por una "enfermedad incurable del tuétano del sector financiero" y vinculó esta manera de entender la globalización financiera con los problemas de cambio climático o de flujos migratorios.

Antes del comienzo de la manifestación, Toxo declaró a los medios en que confía en poder "sentarse a hablar seriamente" con la CEOE antes de que acabe el año para desbloquear los convenios de 2009 y firmar un acuerdo sobre la negociación colectiva de cara a los próximos tres años.

Los sindicatos avisan de que no aceptarán reducción de salarios para crear empleo

CC OO y UGT insinúan una huelga general si la salida de la crisis pasa por precarizar el trabajo o abaratar el despido

13.12.09 - 02:45 -

JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID.

 

Los sindicatos dejaron claro ayer que no aceptarán «atajos» en la creación de empleo que pasen por la precarización de los contratos y de los salarios o por el abaratamiento del despido. Ese fue el último y rotundo mensaje en una multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Madrid y en la que CC OO y UGT cargaron de forma muy dura contra la patronal y el sistema financiero.

Los líderes de ambas formaciones, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, subrayaron la necesidad de repartir de forma justa y equitativa el impacto de la crisis, y dejaron en el aire una eventual huelga general si los derechos de los trabajadores se ven mermados en el intento de llevar la economía al crecimiento.

En definitiva, si la reforma laboral que se avecina no se libra de las «viejas recetas» defendidas hasta ahora por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o el Ejecutivo cede lo más mínimo ante los patronos, los sindicatos elevarán el grado de su protesta. «Nosotros no amenazamos, pero si eso sucede sería la puerta de entrada por la que llegar mucho más rápido a un conflicto social y laboral muy distinto al de hoy», señaló Toxo, quien añadió que los sindicatos «actuarán en correspondencia a las políticas que se pongan en marcha en el futuro más inmediato».

«Nos excitan cuando atacan a la clase trabajadora y a los sindicatos; quieren volver al pasado y no se van a salir con la suya», sentenció Cándido Méndez en alusión a «una minoría» -dijo- a la que los sindicatos no van a permitir «que se aproveche de la crisis». El líder ugetista aseguró que la manifestación marcará «un antes y un después». A su juicio, «ya no se puede apretar más la tuerca de los trabajadores». CC OO y UGT aseguraron que la convocatoria fue seguida por cerca de 200.000 personas. Cifra que contrasta con las 32.921 que contabilizo el sistema Lynce.

Entre las pocas alusiones al Gobierno, pues el grueso del discurso tuvo otros destinatarios, los sindicatos recordaron a José Luis Rodríguez Zapatero varios de sus compromisos. En concreto, el de dignificar el salario mínimo interprofesional (elevarlo a 800 euros esa legislatura y al 60% de lo negociado de media en los convenios en las dos siguientes) y el de integrar el régimen especial de los trabajadores agrarios con el general de la Seguridad Social.

Cándido Méndez apuntó que la prioridad ahora no debe ser la lucha contra el déficit puesto que «lo primero son las personas». «El Gobierno debe anteponer y mantener las inversiones y las garantías de protección social», dijo. Se trata, añadió, de restaurar la confianza «que es la hermana de la justicia y la equidad». Los sindicatos insistieron en la necesidad de cambiar de modelo ante el derrumbe de una estructura, la actual, basada en la precariedad y la temporalidad laborales «que se ha venido abajo como un castillo de naipes en el primer envite».

Desde el Ejecutivo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, aseguró que la manifestación «no va a pasar desapercibida para el Gobierno». Blanco, que clausuró el VII congreso federal de la Unión de Pequeños Agricultores, reafirmó su deseo de «salir todos juntos de esta crisis y a través del diálogo social» y subrayó el empleo de calidad como vía para alcanzar «un horizonte de futuro, que permita salir cuanto antes de esta crisis, sin que nadie quede abandonado en la cuneta».

Junto a las cargas de profundidad para empresarios y banqueros, a los que reprocharon la falta de crédito a familias y empresas frente a unas primas «indecentes», los sindicatos reiteraron que la manifestación pretendía servir para retomar el diálogo social. Eso sí, matizaron, antes los patronos deben cumplir con los convenios de este año. Si eso ocurre, CC OO y UGT se sentarán a negociar un pacto guía que rija los convenios colectivos de los próximos años «que ponga la vista en el mantenimiento del poder adquisitivo». Condiciones indispensables para que, después, se pueda hablar de reforma laboral.

En todo caso, el punto de partida de ambas formaciones pasa por un giro que modere los beneficios empresariales o dirija los excedentes a la creación de empleo seguro y estable. «La recuperación no será plena hasta que logremos esto», dijo Toxo. Méndez explicó que en el corto plazo los sindicatos van a exigir medidas de fomento del empleo juvenil y alternativas como la reducción de jornada para evitar que aumente la sangría del paro.

«Protección del empleo sin rebajar salarios, ya que otra cosa no generaría sino más parados», aseguró el secretario general de UGT, quien abogó por erradicar los 'despidos express' «instaurados por Aznar» y romper con el maridaje entidades financieras-sector inmobiliario. Los sindicatos no se olvidaron del Banco de España y, en concreto, de su Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a quien acusaron de ser cómplice de «un delito moral» al respaldar alguna millonaria indemnización protagonizada recientemente por un banquero.

 

Pirómanos

José Miguel Monzón (el 'Gran Wyoming'), presentador-conductor del acto de clausura de la manifestación, tuvo ácidas palabras para la patronal. Sin citar a CEOE de forma expresa, Monzón criticó «la voracidad desmedida de los que ahora pretenden imponer el abaratamiento del despido con soluciones que sólo les benefician a ellos».

«Son pirómanos para apagar un fuego; no dudarán un volvernos a meter en la misma crisis», concluyó no sin antes señalar que si la manifestación hubiera sido contra el aborto «dirían que estamos 14 o 15 millones de personas hoy aquí».

Las actrices Asunción Balaguer y Pilar Bardém -que recibió algún que otro pito por parte de los asistentes- leyeron un manifiesto con las doce reivindicaciones que junto al lema central («Que no se aprovechen de la crisis. El trabajo, lo primero. Por el diálogo social») daban sentido a la marcha sindical.

CCOO atribuye la bajada de la siniestralidad laboral al paro

CCOO atribuye la bajada de la siniestralidad laboral al paro

ELMUNDO.es | Málaga

Actualizado jueves 10/12/2009 12:41 horas

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La Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Málaga ha anunciado que durante el tercer trimestre de 2009 se han registrado un total de 5.115 accidentes en jornada de trabajo, de los cuales 59 han sido de carácter grave y 7 mortales. Aunque la siniestralidad laboral ha bajado un 25% con respecto al tercer trimestre del año pasado, la organización sindical ha afirmado que estos datos tienen que "ser leídos con lupa a la luz de un descenso de la población ocupada malagueña".

Desde la organización sindical han valorado positivamente este descenso pero también han explicado que según datos facilitados por la Encuesta de Población Activa (EPA), durante dicho período ha bajado la población ocupada en los sectores de más alta siniestralidad, como ha sido en construcción con un descenso de un 30,42% e industria con un descenso de un 30,82%, por lo que consecuentemente bajan los índices de siniestralidad laboral.

La causa de la mayoría de los accidentes laborales graves que ocurren en Málaga sigue siendo por una caída. Así desde enero hasta septiembre, según ha afirmado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Rosa María Martín, "el 34,48% de los accidentes registrados hasta el tercer trimestre del año han sido por este motivo".

Este dato refleja el "poco compromiso preventivo de numerosas empresas", siendo el riesgo de caída el primer riesgo a evaluar por todos los planes de prevención y por cualquier profesional que elabore y firme estos planes. En segunda posición hay un 8% de accidentes graves realizados por un material cortante (cuchillo y hoja), herramientas que suelen encontrarse en cocinas, talleres, jardinerías, obras, etcétera.

"Desde CCOO nos preocupa muchísimo también el riesgo eléctrico, ha destacado Martín. En lo que va de año se han dado 19 accidentes leves por contacto directo con electricidad, más uno grave y uno mortal. "Todos los accidentes de este tipo son potencialmente mortales, por lo que no podemos bajar la guardia". Por esta razón, en los numerosos cursos de seguridad que se imparten desde CCOO a los trabajadores de los distintos sectores intentamos parar cualquier actividad donde este riesgo no haya sido eliminado. "Ser formado e informado es la mejor manera para prevenir los accidentes".

El cura de las Letanías afirma que "los problemas de las 3.000 son los mismos que los de cualquier barrio de Sevilla, pero tienen más color y más eco para los medios"

El cura de las Letanías afirma que "los problemas de las 3.000 son los mismos que los de cualquier barrio de Sevilla, pero tienen más color y más eco para los medios"

Miércoles, 09 de Diciembre de 2009 13:19

El cura del barrio sevillano de Las Letanías, La Paz y 3.000 viviendas, José García, ha afirmado que "los problemas que padece el barrio son los mismos que cualquier otro de Sevilla, lo que pasa es que las 3.000 siempre tienen más color, más eco para los medios de la comunicación". Así lo declaró en el Cursillo Apostólico celebrado este puente en la Hospedería de Santa María un Cursillo Apóstolico organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC, uno de los dos que anualmente en España  y en el que han participado personas venidas de Ciudad Real, Valencia, Bilbao, Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla bajo el lema 'Iglesia en el Mundo Obrero y Mundo Obrero en la Iglesia'

El párroco manifestó que "no es que no exista la realidad negativa que existe en el barrio, pero en el barrio hay gente buena que ayuda para que los ancianos tengan recursos o que organizan actividades en los colegios y ahí estamos acompañando ese vivir, la defensa de las personas, abordar su grandes problemas y luchar por la humanización de la sociedad a pie de calle".

La HOAC es una organización que desde la clave de la fe y la actualización de la doctrina social de la Iglesia, actúa en los barrios obreros de toda España "aplicando el Evangelio al mundo del trabajo", afirma la militante bilbaína Mayte Valdivieso, que explica que la organización se visualiza con la participación de sus componentes en sindicatos, partidos políticos, por lo general de izquierda, AMPAS de los colegos o asociaciones de vecinos, y "en el mundo del trabajo, es importante reflexionar sobre cómo está configurado hoy y comprometerse contra la precariedad, accidentes laborales o las dificultades existentes para inmigrantes y mujeres".

"Tenemos que profundizar en la realidad del mundo laboral, y en la forma en que se deben plantear actuar las organizaciones sindicales, antes por ejemplo, la realidad que viví de pequeña era la de la ocupación de la mayoría de las personas en astilleros, en la siderurgia, ahora prima el sector de servicios, de ocio, pequeñas empresas en lugar de superficies industriales enormes".

Para la acción social, humana y en el mundo del trabajo, es importante para Valdivieso promover una formación "más cultural y basada en la dignidad de la persona" es uno de los puntos fundamentales que debe ejercer la HOAC, organización que funciona desde 1946.

En Marchena, la HOAC tiene presecia en una formación política, en colectivos sociales como Manos Unidas, y organiza actividades en el día de la Mujer Trabajadora, contando con diez componentes que también colaboran con el Área Social de todas las parroquias de Marchena, donde este movimiento ha ido integrándose paulatinamente desde mediados de los 80 que tiene presencia en nuestra localidad, uno de los puntos de mayor movimiento Obrero Católico de toda la comarca.

Una de las acciones en las que participó de lleno HOAC fue la organización de la cadena humana contra la guerra de Iraq, que recorrió las calles del centro de Marchena en 2003.

El Defensor del Pueblo urge a la Junta a aprobar la Renta Básica el próximo año

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El acuerdo de concertación social incluye un compromiso que está aplazado desde hace diez años

A. F. / Sevilla | Actualizado 09.12.2009 - 07:17

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"Espero que la Junta apruebe esta ley en 2010", afirma el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. La Junta decidió en septiembre aplazar, sin fecha, la aprobación de la Ley de Inclusión Social, que incluye la Renta Básica, una suerte de salario social para las personas sin ingresos que rondaría los 400 euros al mes.

Para el Defensor, "es una exigencia desde hace tiempo asumida la necesidad de contar con una norma de rango legal en Andalucía que aborde desde una perspectiva integradora, como ya existe en otras comunidades autónomas, las distintas políticas sociales que posibilitan la mejora y prevención de la situaciones de exclusión social".

El compromiso se remonta a 1999 y el primer borrador por parte de la entonces Consejería de Asuntos Sociales se presentó en 2001. El Defensor organizó en enero unas jornadas sobre la ley, cuyas conclusiones fueron remitidas a la Administración. La Junta acogió con agrado algunas de las propuestas y accedió a incluirlas en el borrador de la ley. que se esperaba aprobar antes de que finalizara este año.

Pero en septiembre la Junta decidió dar un giro al presupuesto y reforzar el salario social. La decisión disgusto a Chamizo, que consideró que el desembolso de esta ley "no es mucho mayor que el que ya está haciendo" para el salario social, en torno a 60 millones de euros.

La aprobación de esta ley se ha incluido en el reciente acuerdo de concertación que la Junta ha firmado con empresarios y sindicatos y que tiene de plazo 2013. Chamizo espera que 2010 sea el año en el que, por fin, se apruebe esta norma.

Los servicios sociales sí se recortan

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El incremento de la demanda de ayudas y la rebaja en los presupuestos públicos de un 20% de media lastran la capacidad de las ONG para mantener su actividad · Inquietud ante el diseño de las cuentas de 2010.

Antonio Fuentes / sevilla | Actualizado 09.12.2009 - 09:05

 

La crisis económica ha apretado el cinturón a las ONG debido a la congelación o, en ocasiones, reducción de los presupuestos públicos para fines sociales. Las más importantes reciben donaciones de empresas o aportaciones de particulares -que han bajado entre un 10 y un 20%-, pero muchas otras dependen casi en exclusiva de los presupuestos públicos. En Andalucía, la Junta asegura que el gasto social no se ha recortado, pero al bajar un escalón, la asfixia financiera de los ayuntamientos varía el escenario y comienzan a escucharse las primeras quejas de entidades que ven en riesgo su acción social. La pasada semana, el comité de representantes de personas con discapacidad (Cermi) leía un manifiesto en la sede del Defensor del Pueblo en el que reclamaban que no se redujeran las dotaciones presupuestarias. 

¿Se están dejando de dispensar algunos servicios sociales? Casi una decena de ONG de ámbito regional consultadas por esta redacción coinciden en que algunos programas han tenido que ser recortados o anulados en este periodo y cifran en torno a un 20% de media el descenso de las subvenciones que recibían antes de la crisis.

Por lo general, el ajuste presupuestario impide la realización de programas, reduce el horario de las actividades, imposibilita desplazamientos, retrasa el abono de las subvenciones e incluso las aplaza sin fecha. Y en los casos más dramáticos, supone una reducción de personal o el  fin de determinadas actividades que habían dispensado sin problemas antes de los recortes. Ninguna de las interrogadas tiene constancia de la desaparición de alguna ONG.

Al ser tan heterogéneo el tejido de las ONG en la comunidad, cada una sufre la crisis a su manera. Las que pertenecen a una federación de ámbito regional o nacional está más resguardadas. Las que sobreviven por la ayuda de los presupuestos locales quedan a la gracia de su ayuntamiento. La fórmula mixta es mayoritaria: realizan algunos programas con cargo a presupuestos autonómicos y dependen de la corporación local para el mantenimiento de su sede y los servicios más próximos al ciudadano.

Las consejerías de la Junta mantienen el presupuesto para fines sociales, aunque la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace ya advirtió en el Parlamento que las cantidades destinadas a las entidades colaboradoras (de donde sale el dinero de las subvenciones) disminuye un 17,13% en 2010. Se pasará de 7,1 millones en 2006 a 4,2 millones el próximo año, un 40% menos en cuatro años.

El ajuste de las cuentas autonómicas infunde inquietud, pero no tanta como en las ONG de pueblo la espera de las cuentas locales para 2010. La sensación la ha percibido el Defensor del Pueblo Andaluz. Comienzan a llegar quejas de asociaciones que temen por su supervivencia y beneficiarios que se preguntan por qué ya no reciben ayudas. "Las organizaciones grandes tienen capacidad para aguantar, pero otras más pequeñas lo están pasando realmente mal y, al afectar a los servicios más próximos al ciudadano, indirectamente sí que se están recortando servicios sociales", apuntan.

Un 40% de los inmigrantes internados en España denuncia malos tratos

Un 40% de los inmigrantes internados en España denuncia malos tratos

Ésta es la conclusión a la que llega la Comisión Española de Ayuda al Refugiado tras realizar cien entrevistas en tres centros de internamiento.

dpa, madrid | Actualizado 09.12.2009 - 18:04

 

El internamiento de inmigrantes en situación irregular sigue siendo polémico en España ya que, según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el 40 por ciento de los extranjeros retenidos en los centros destinados a ello denunció haber sufrido maltratos.

Así lo indican las conclusiones del documento de esta organización, que visitó tres de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) que existen en el país y realizó en ellos, con autorización del Ministerio del Interior, más de cien entrevistas con inmigrantes allí recluidos.

El 40 por ciento de los inmigrantes detenidos en estos lugares procede de América Latina y llevaban viviendo ya un tiempo en España antes de ingresar.

Otro 20 por ciento son africanos llegados al país en pateras, tras una media de tres o cuatro años viaje desde sus respectivos países hasta alcanzar territorio español. Y otro 20 por ciento son africanos que llevaban años viviendo en territorio español.

Cuatro de cada 10 personas recluidas en Málaga, Madrid y Valencia denuciaron un trato "negativo o muy negativo", si bien según CEAR no se trata de una "práctica generalizada". El cuatro por ciento, además, relató maltratos graves e incluso torturas.

La mayoría de estos inmigrantes internados carece de elementos básicos como ropa y de infraestructuras como inodoros en sus celdas, además de no saber quién es su abogado.

Según CEAR, las personas detenidas en los CIEs se quejan de una comida de mala calidad e insuficiente, falta de apetito, síntomas de adelgazamiento, debilidad, hambre, deficiencias en la atención médica y errores de diagnóstico en enfermedades físicas y psíquicas, entre otras cosas.

"Los CIEs repugnan al Estado de Derecho y hay que tomar medidas, y hay medidas que se pueden tomar, principalmente vinculadas al maltrato y la tortura", manifestó el secretario general de CEAR, Alfredo Abad.

A finales de noviembre, el Parlamento español aprobó la nueva Ley de Extranjería, que ha ampliado de 40 a 60 días el plazo en el que los inmigrantes en situación irregular detenidos por las fuerzas de seguridad pueden estar en los centros de internamiento antes de ser expulsados de España.

Esta reforma de la Ley de Extranjería es la primera que impulsa el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien se trata de la cuarta que tiene lugar en el país. España registró en los últimos años un importante aumento del número de inmigrantes: de 800.000 en 1999, a 4,5 millones diez años después.

Según CEAR, algo más del 60 por ciento de los inmigrantes recluidos en los CIEs no son delincuentes, sino personas que por carecer de papeles para vivir en España incurrieron en una falta administrativa.

Un total de 77 personas pierden la vida en accidentes laborales en Andalucía hasta noviembre, un 46,1% menos

Un total de 77 personas pierden la vida en accidentes laborales en Andalucía hasta noviembre, un 46,1% menos

   SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -    

   Un total de 77 personas perdieron la vida en accidentes laborales entre los meses de enero y noviembre de este año, lo que supone un 46,1 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2008, según los datos facilitados por la Consejería de Empleo a Europa Press.

   El número de accidentes laborales entre leves, graves y mortales ha ascendido en los primeros once meses del año un total de 97.504, lo que supone un decremento del 26,19 por ciento.

   Asimismo, por sectores el número de accidentes bajó en todos, destacando la construcción que fue el que más vio rebajado el porcentaje de accidentes laborales, un 47,1 por ciento, con 20.095 accidentes. Tras la construcción, la industria bajó un 29,75 por ciento (17.945 accidentes); servicios, un -13,89 por ciento y 50.905 accidentes, y agricultura y pesca que redujo un 9,01 por ciento y 8.559 accidentes.

   Por provincias, los porcentajes de bajada de accidentes laborales son similares en las ocho, rondando un decremento del 27 por ciento. Destaca Granada, con una bajada del 31,9 por ciento, mientras que Cádiz redujo su porcentaje de accidentes laborales un 21,4 por ciento.

   En cuanto a los accidentes mortales por provincias, Granada redujo un 68,7 por ciento, al pasar de 16 accidentes laborales mortales el pasado año a cinco durante enero y noviembre de 2009. Asimismo, en Córdoba, se redujo un 53,8; en Sevilla el porcentaje en accidentes mortales se rebajó un 50 por ciento; En Huelva, -41,6 por ciento; en Jaén, un 41,1 por ciento; en Cádiz, un 40 por ciento; en Málaga, un 35,2, y en Almería, un 33,3 por ciento.

Expertos piden más inversión a las pymes para evitar riesgos laborales

Expertos piden más inversión a las pymes para evitar riesgos laborales

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, asegura que la siniestralidad ha disminuido un 22,7% en Andalucía y anuncia un desembolso público de 130 millones de euros hasta el año 2014

ÁNGEL RECIO | ACTUALIZADO 03.12.2009 - 07:26

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha inaugurado unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales en el sector industrial. / Javier Albiñana

La prevención de riesgos laborales, afortunadamente, ya no es algo que suene a chino entre los empresarios, los trabajadores y las administraciones. Se ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y así lo demuestran los datos. No obstante, siempre se puede hacer más. Varios expertos en prevención de riesgos laborales demandaron ayer a las pequeñas y medianas empresas una mayor inversión en este tipo de prácticas ya que, por una parte, se evita la proliferación de accidentes o enfermedades en el puesto de trabajo y, desde un punto de vista económico, la pyme obtiene mayores niveles de rentabilidad y productividad. 
El motivo de la reunión fue el desarrollo de la jornada técnica Una aproximación al momento actual de la higiene industrial, una cita celebrada en el hotel NH de Málaga capital y a la que acudieron un centenar de profesionales organizada por Grupo Joly, editor de este diario, y patrocinada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, fue el encargado de inaugurar la jornada y destacó la disminución de la siniestralidad laboral en un 22,7% en Andalucía, si bien lamentó la muerte de dos operarios en Granada después de que se les cayera el techo de una casa en la que trabajaban "por negligencia y ausencia de prevención". Este tipo de hechos luctuosos deben servir para concienciar aún más tanto a empresarios como trabajadores y, según Fernández, "debemos avanzar en la eliminación de riesgos porque en las empresas todavía hay cosas que mejorar". Sin embargo, Fernández también hizo hincapié en el cambio de mentalidad experimentado por la sociedad ya que "lo que era admisible hace unos años hoy se puede considerar inaceptable". En este sentido, el consejero aseguró que "se están dando herramientas para optimizar los recursos" y anunció que la Junta de Andalucía va a invertir 130 millones de euros hasta 2014 dentro de la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la cual se promoverán actuaciones específicas de vigilancia, detección y asesoramiento en la prevención de enfermedades profesionales. "Se definirán los objetivos y se concretarán en planes bienales para adaptarnos mejor a la coyuntura", dijo el consejero y precisó que "la enfermedad profesional es la gran desconocida en Andalucía".
La concienciación de las empresas es cada vez mayor, pero aún hay accidentes laborales que, en muchos casos, son incluso mortales. Los sindicatos, además de criticar a aquellas compañías que no ponen todos los medios necesarios para evitar siniestros, suelen culpar a la Justicia por su lentitud a la hora de aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fernández afirmó ayer que "comparte" esa opinión, aunque destacó que "estamos consiguiendo sentencias condenatorias, no ya cuando ha ocurrido el hecho, sino en delito de riesgo".
En cualquier caso, lo ideal es cumplir el viejo refrán de mejor prevenir que curar. Y para eso las empresas tienen que considerar que la prevención de riesgos laborales es una inversión y no un gasto. Para ello es necesario hacer mediciones del ambiente, evaluar posibles riesgos y, sobre todo, adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la proliferación de enfermedades, principalmente si se está trabajando de forma habitual con productos tóxicos o nocivos, aunque también se incluyen otros parámetros como la contaminación acústica, las vibraciones mecánicas o, por ejemplo, la proliferación de un determinado hongo. 
María Paz Barrio, representante de la Asociación de Sociedades de Prevención de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Asprem), afirmó que "el año pasado recibimos en nuestros laboratorios unas 30.000 muestras, un 40% menos que en los años anteriores, y eso no se ha producido porque se hayan eliminado los riesgos, sino porque antes muchas de las mediciones que se hacían eran gratuitas y ahora se cobran, por lo que las empresas son más reticentes". Barrio explicó que las grandes empresas no suelen escatimar en gastos porque están más vigiladas pero las pymes "no hacen esa inversión en muchas ocasiones hasta que no les llega un requerimiento de la Inspección". 
El trabajo, además, debe ser realizado con la mayor profesionalidad posible porque está en juego la vida de personas, aunque los expertos reconocieron que, en ocasiones, las empresas de prevención de riesgos recortan gastos de material fungible para poder ser competitivos. Carlos Mojón, representante de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa), indicó, no obstante, que esta área es un segmento de negocio potencial "porque condicionar acústicamente un lugar de trabajo o poner un sistema de ventilación debe tener una base científica". Recordó que en España no hay una industria auxiliar y todos los productos que se compran, que suelen ser caros, se fabrican en el exterior. 
Durante la jornada también hubo tiempo para debatir sobre la definición y modelos de higiene industrial –cuyo estudio arrancó como tal en 1914 en Estados Unidos– o de la extensa normativa legal existente. El objetivo final, en cualquier caso, es que los empleados trabajen de forma segura. 

nueva muerte en el trabajo en Andalucía

 

Se ha producido una nueva muerte en el trabajo en Andalucía. Sevilla, 2 de diciembre de 2009 Ayer se produjeron dos nuevas muertes en el trabajo en Andalucía. Dos trabajadores, de 38 y 42 años de edad, fallecieron en Freila, Granada, al caerles encima el techo de la casa-cueva en la que trabajaban. El suceso tuvo lugar en torno a las 10:40 horas, cuando los hombres estaban echando hormigón en la casa y se produjo un derrumbe que los aplastó.         "NO MÁS MUERTES EN EL TRABAJO, EL TRABAJO ES PARA LA VIDA " "QUE LOS OBREROS MUERTOS EN EL CAMPO DE HONOR DEL TRABAJO Y DE LA LUCHA DESCANSEN EN PAZ"   Delegación de Pastoral Obrera. Archidiócesis de Sevilla.