domingo, 19 de junio de 2011

La Junta ofrece subvenciones de hasta 18.000 euros a pymes y autónomos para prevenir riesgos laborales

 

La Junta ofrece subvenciones de hasta 18.000 euros a pymes y autónomos para prevenir riesgos laborales

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el próximo 9 de julio el periodo de solicitud de subvenciones de hasta 18.000 euros, dirigidas a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) para que desarrollen proyectos de prevención de riesgos laborales en sus centros de trabajo.

19 de junio de 2011

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La Junta ofrece subvenciones de hasta 18.000 euros a pymes y autónomos para prevenir riesgos laborales
MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el próximo 9 de julio el periodo de solicitud de subvenciones de hasta 18.000 euros, dirigidas aautónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) para que desarrollen proyectos de prevención de riesgos laborales en sus centros de trabajo.

Los beneficiarios de estas ayudas, según la orden de 16 de mayo de 2011, son los trabajadores autónomos, las microempresas y pequeñas compañías con plantillas inferiores a 50 trabajadores y un volumen de negocio que no sobrepase los 10 millones de euros. Además, de a las pymes que tengan menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio anual que no supere los 50 millones de euros o cuyo balance anual no exceda de 43 millones de euros.

El objetivo de esta medida es, según ha señalado a Europa Press el delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, que todos los centros de trabajo de Andalucía reúnan las condiciones de seguridad necesarias para que sus trabajadores "no corran riesgos innecesarios que provoquen accidentes laborales".

Así, ha continuado, a pesar de que la siniestralidad en la provincia de Málaga está teniendo un comportamiento descendente, "se está poniendo especial atención en la vigilancia de empresas que presentan mayores índices de accidentalidad para que corrijan los factores que puedan incidir en la seguridad de sus plantillas".

Estas ayudas, según Lomeña, son un apoyo a este tipo de empresas para que la crisis no amenace las inversiones que se tienen que hacer en prevención.

La orden contempla cuatro líneas de ayuda: la primera destinada al establecimiento de la estructura preventiva de la empresa, la segunda establece la ejecución de proyectos que permitan cumplir la normativa en prevención de riesgos laborales, la tercera tiene la finalidad de desarrollar proyectos que incorporen medidas específicas en la planificación preventiva de la empresa y la última subvenciona proyectos innovadores y de desarrollo de buenas prácticas preventivas.

viernes, 10 de junio de 2011

CCOO demanda al SAS que implante planes de movilidad

 

CCOO demanda al SAS que implante planes de movilidad

Publicado el 10-06-2011 18:30

MÁLAGA.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO de Andalucía) insta al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a que elabore un registro, junto con los representantes sindicales de los centros hospitalarios, para valorar las causas de los accidentes relacionados con la movilidad de los trabajadores. Además, CCOO pide a la Administración que establezca medidas para paliar los accidentes in itínere, es decir, aquellos que se producen en el trayecto de la persona desde su residencia hasta el centro de trabajo, o viceversa; y los in mission, los ocurridos durante el desempeño de la tarea en la vía pública


Según los datos que maneja la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, en los últimos años han disminuido las cifras de accidentes laborales con baja y los siniestros laborales, mientras que los accidentes in itinere e in mission han experimentado "un preocupante auge". "Es obligación del Servicio Andaluz de Salud mantener unas condiciones seguras a los trabajadores desde la salida de su domicilio hasta la llegada al hospital, y viceversa, porque el desplazamiento es tiempo de trabajo y, sin embargo, en las evaluaciones de riesgos esto no se contempla con rigurosidad ni se ponen medidas preventivas efectivas", asegura la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la FSS-CCOO de Andalucía, Rosa Mª Martín.

Esta organización sindical demanda al SAS que implante planes que incrementen la seguridad de los más de 90.000 trabajadores de los centros hospitalarios andaluces y que elabore un registro para evaluar las principales causas de los accidentes relacionados con la movilidad de su personal. "Para ello es fundamental que la Administración cuente con el papel de los delegados y delegadas sindicales de los hospitales", aclara la líder sindical.

Martín sostiene que algunos centros hospitalarios concentran entre 3.000 y 8.000 trabajadores con turnos de trabajo continuados de 17 y 24 horas, alejados del núcleo urbano y soportando estrés, embotellamientos, pérdida de tiempo por mala accesibilidad, gasto energético, contaminación, ruido, etc. "Una serie de aspectos que repercuten en las condiciones de trabajo, en la salud y en el bienestar de los trabajadores y, por supuesto, en el salario real final", añade la responsable sindical, que afirma que en los hospitales Infanta Elena, Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, en Huelva; Princesa de España, en Jaén, y Virgen del Rocío y Virgen Macarena, en Sevilla, el SAS se comprometió a desarrollar planes de movilidad, pero "aún no se han implantado".

lunes, 6 de junio de 2011

35 trabajadores han muerto en accidentes laborales en lo que va de año

 

35 trabajadores han muerto en accidentes laborales en lo que va de año

La cifra está por debajo del balance de 2010, al registrarse entonces en ese año siete más

EP / SEVILLA | ACTUALIZADO 06.06.2011 - 05:04
Un total de 35 accidentes laborales mortales se han registrado en Andalucía desde enero y hasta el pasado viernes, según los datos de UGT en Andalucía, lo que supone siete accidentes menos que en el mismo período que el año pasado. 

Por provincias, Sevilla es la que más accidentes de este tipo ha registrado, con nueve; por delante de Málaga y Almería, con cinco, respectivamente; Granada, Cádiz, Córdoba, con cuatro, respectivamente. Por su parte, en las provincias de Huelva y Jaén se han registrado dos. El pasado año, un total de 42 accidentes laborales mortales se registraron en Andalucía hasta el 4 de junio, de ellos once se produjeron in itinere (en el camino de ida o vuelta al trabajo). 

En este balance, enero presenta los peores números, ya que en dicho mes perdieron la vida en el tajo 13 trabajadores. En febrero lo hicieron 5, mientras que en marzo fallecieron 7 operarios. En el mes de abril murieron 6 trabajadores y en mayo se registraron 4 siniestros mortales.

jueves, 2 de junio de 2011

Cáritas insta a la Junta a crear una cuota laboral para personas en exclusión social

[http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/02/andalucia/1307018120.html]
 

EMPLEO | También a 'agilizar la burocracia'

Cáritas insta a la Junta a crear una cuota laboral para personas en exclusión social

  • También pide la integración del régimen especial de las trabajadoras del hogar
  • Las personas más vulnerables son las mujeres, españolas y extranjeras
  • La edad media de estos 'excluidos' es de entre 25 y 40 años
  • Solicita que los recortes afecten a los altos cargos, no a los desfavorecidos

Europa Press | Sevilla

Actualizado jueves 02/06/2011 14:35 horas
 

El presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Anselmo Ruiz, ha instado a la Administración andaluza a establecer porcentajes de contratación, de formar similar a los establecidos para personas con discapacidad para fomentar el acceso al empleo de personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Además, Ruiz, que junto con la coordinadora del Equipo de Prioridad Regional de Inserción Socio-Laboral de Cáritas Andalucía, Concepción Martín Vela, ha presentado este miércoles en Sevilla la 'Memoria de Empleo' de 2010 de la organización, ha propuesto que se implanten bonificaciones a la contratación para empresas, el desarrollo de cláusulas sociales, establecer porcentajes de contratación y el desarrollo de empresas de inserción para este colectivo.

Aumentan las aportaciones privadas, "procedentes las personas sencillas y de pueblos o barrios"

Del mismo modo, solicita que se establezca una normativa sobre pretalleres de inserción sociolaboral. En este sentido, ha lamentado que las consejerías para la Igualdad y Bienestar Social y la de Empleo "no contemplen" estos mecanismos, frente a los cursos de formación, para los que "los jóvenes de las barrios marginales no cumplen los requisitos mínimos".

Por otro lado, ha pedido la integración del régimen especial de las trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. En cuanto a los jóvenes, ha apostado por el incremento de políticas activas y beneficios fiscales para incentivas la contratación.

El presidente de Cáritas Regional de Andalucía ha afirmado que los inmigrantes "ya no hacen tanta falta" y, en esta línea, ha instado a la Junta a apoyar proyectos viables de autoempleo, pero sobre todo a "agilizar la burocracia".

"En algunos casos, las ofertas laborales son trabajos porquerías, rozando el abuso"

"Sólo 109 contratos"

Anselmo Ruiz ha presentado la Memoria de Empleo 2010 de Cáritas Regional de Andalucía sobre la acción de la organización a favor de la inserción sociolaboral de las personas más desprotegidas y vulnerables de nuestra sociedad. Del mismo, ha destacado el año pasado se han atendido más personas que en 2009, en concreto 8.982. No obstante, el número de personas insertadas es menor que años anteriores. Así, en 2008 fueron 2.060 personas insertadas, en 2009, 1.789; y en 2010, 1.620; de las que "sólo 109 han sido con contrato de trabajo".

El perfil de las personas atendidas reflejan que el 66% son mujeres. Además, de forma igualitaria, son españoles e inmigrantes, 54 y 46%, respectivamente. El 60% son personas entre 25 y 40 años de edad.

Cáritas advierte que muchas ONGs "van a desaparecer por la falta de recursos económicos"

Por otro lado, los recursos con los que ha contado Cáritas Regional de Andalucía para desarrollar trabajos de inserción socio-laboral de los colectivos más excluidos han sido 215 voluntarios y 72 técnicos, en el ámbito humano. También ha invertido 4.682.934 euros, distribuyéndose el 27 por ciento (1.264.392 euros) en acciones de orientación, el 23 por ciento (1.077.074 euros) en formación, y el 50 por ciento (2.341.467 euros) para programas de empleo.

Falta de acuerdo con la Junta

En este sentido, ha subrayado que las aportaciones privadas, "procedentes las personas sencillas y de pueblos o barrios, no de grandes bancos y entidades", ha aumentado "considerablemente", valorando el compromiso ciudadano.

Tras recordar que, "sin empleo, el problema de la exclusión social", Ruiz Palomo ha explicado que las ofertas laborales para este tipo de personas en "algunos casos son trabajos porquerías, rozando el abuso", pero aclara que "no somos quién para decidir si tienen que aceptar o no". Concepción Martín, en referencia a este asunto, ha afirmado que Cáritas exige unas condiciones mínimas laborales a las empresas con las que alcanzan convenios.

Por otro lado, el presidente ha comentado los problemas de colaboración que están teniendo con la Consejería de Empleo andaluza, pues tras haber alcanzado "un acuerdo verbal" con el exconsejero Antonio Fernández, el posterior cambio de titular en Empleo en marzo de 2010, así como los diferentes cambios producidos en altos cargos del departamento de Manuel Recio, no ha beneficiado a alcanzar un acuerdo". No obstante, ha adelantado que próximamente mantendrán una reunión con la Consejería.

En referencia a los recortes anunciados por los nuevos ayuntamientos, aún por constituir, Anselmo Ruiz ha afirmado que "siempre hay recortes que hacer, pero en lugar de comenzar por los que peor están que lo hagan por ellos mismos. altos cargos". En este sentido, ha asegurado que muchas ONGs "van a desaparecer por la falta de recursos económicos". Con respecto a Cáritas, que cuenta con un presupuesto en Andalucía de 26 millones de euros aproximadamente, del que el 70% procede de fondos propios, es decir, de las ayudas privadas, ha apuntado que "los apoyos continúan, aunque tardan en llegar más tiempo".

¿Trabajadoras o siervas?

 

REPORTAJE: vida&artes

¿Trabajadoras o siervas?

Las empleadas de hogar se rigen por regulaciones desfasadas que las hacen vulnerables a la explotación - De 700.000 hogares con servicio, menos de 300.000 cotizan - El Gobierno negocia fórmulas para incluirlas en el régimen general

MARÍA R. SAHUQUILLO 01/06/2011

Rosa trabaja de interna en una casa. De lunes a domingo cuida de un matrimonio de ancianos en un barrio del norte de Madrid. Limpia, hace la comida, va al mercado... Libra una tarde a la semana, pero esas horas tampoco descansa. Las dedica a hacer pequeñas tareas en una casa cercana. Necesita el dinero. Como empleada doméstica interna cobra menos de 600 euros al mes. No llega al salario mínimo interprofesional. Esta paraguaya de 45 años cotiza a la seguridad social a través del régimen especial de empleados del hogar. Según esta ley, no tiene prestación por desempleo. Y, si se pone enferma, no disfruta de una baja pagada hasta que lleve 29 días en cama; cuando las bajas retribuidas de los trabajadores del régimen general son a partir del tercero, y en los autónomos, del cuarto (aunque con el 60% del salario).

La OIT debatirá estos días las claves para un empleo doméstico "decente"

Si se ponen enfermas no tienen baja pagada hasta pasados 29 días

"Trabajar de lunes a domingo y de sol a sol es esclavitud", sostiene una experta

La equiparación de derechos exigiría un periodo transitorio

Un régimen anacrónico que les impide cotizar si trabajan menos de 72 horas al mes y que ni siquiera les garantiza un contrato de trabajo escrito que puedan blandir para hacer valer sus derechos en caso de conflicto con los empleadores. Es una regulación de 1985 que sitúa a las miles de empleadas domésticas que hay en España -en femenino, porque el 91,5% son mujeres- entre el trabajo y la servidumbre; y que sindicatos, organizaciones sociales y las propias empleadas llevan años intentando liquidar. Ahora negocian con el Gobierno la fórmula de inclusión en el régimen general de trabajadores.

"Las empleadas de hogar se enfrentan a una discriminación clara", critica Begoña San José, del Fórum de Política Feminista. "Son una fuerza vital en la sociedad. Mueven un engranaje de cuidados sin el que las cosas no funcionarían. A pesar de eso, están en una situación de enorme desventaja. Mucho tiene que ver con esa discriminación que la casi totalidad sean mujeres. Si los chóferes domésticos están en el régimen general de trabajadores, ¿por qué las empleadas domésticas no? Eso debe cambiar", exige.

La reforma no será pequeña. Más de 700.000 hogares españoles emplean a una trabajadora doméstica, según la Encuesta de Población Activa del INE. Sin embargo, solo 296.067 personas están afiliadas al régimen especial de empleo de hogar de la Seguridad Social. Un dato, en comparación, muy bajo -incluso a pesar de que hay empleadas que trabajan en varias casas-, que revela que muchas de estas personas ejercen al margen de legalidad. Y que, por tanto, carecen de derechos.

"No es solo que la legislación sea mala, sino que además se incumple sistemáticamente", apunta la economista Amaia Pérez Orozco, investigadora en temas de género. El régimen de empleo de hogar fija un tiempo de descanso de 36 horas a la semana, aunque no obligatoriamente continuadas, para estas empleadas. Una cláusula que no siempre se practica. Muchas internas, como Rosa, solo tienen una tarde libre cada siete días. La ley fija que no pueden cobrar menos del salario mínimo interprofesional (641 euros al mes). Pero si esa cantidad se calcula anualmente, cobran menos, ya que tienen dos pagas extras anuales de 15 días, frente a las dos pagas de mes completo del resto de trabajadores.

Las cosas, aunque poco a poco, comienzan a cambiar. Hace unos meses el Ministerio de Trabajo eliminó uno de los puntos más escandalosos del régimen. La opción de que se les descontase el 45% del salario en concepto de manutención y alojamiento (si era el caso). Una fórmula que, según Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, provocaba situaciones "verdaderamente penosas". No obstante, muchas empleadas la siguen sufriendo. Algunas por desconocimiento, pero otras porque su situación no les permite negociar nuevas condiciones de empleo.

Y es que a la situación de vulnerabilidad se añaden las dificultades provocadas por la crisis. Desigualdades más acusadas entre la población inmigrante, que supone el 60%. Un colectivo que ocupa la mayoría de los trabajos de interna, el sector donde la situación es peor. Una de cada tres empleadas de hogar internas inmigrantes no tiene papeles, según la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya (ATH-ELE).

Estas vulnerabilidades se analizarán esta semana en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se debatirán las claves para lograr un empleo doméstico "decente". Esta institución, que alerta de que esta es una de las formas de empleo más desprotegidas, donde la explotación es frecuente, propondrá a sus países miembros -183, incluido España- un convenio para lograr mejores condiciones en lo que considera un trabajo "infravalorado e invisible". Entre las medidas está la de fomentar el contrato escrito o que el periodo de descanso sea, al menos, de 24 horas seguidas a la semana.

Condiciones "lógicas" para Isabel Otxoa, asesora de ATH-ELE, quien sostiene que el convenio de la OIT -que los países tendrán que transponer si se aprueba- es un buen punto de partida. En él está también otra de sus reclamaciones históricas: que lo que se denomina en la norma española "tiempo de presencia" -las horas que la empleada interna tiene que estar en el hogar, a disposición de la familia- se contabilicen como tiempo trabajado. No como ocurre en el régimen actual, que fija un tiempo de presencia de siete u ocho horas, independientes a la jornada laboral.

La organización a la que pertenece Otxoa, una de las más activas del país, reclama de forma urgente que las empleadas del hogar se incluyan en el régimen general de trabajadores. "El empleo doméstico es un nodo de vulneración de derechos. Y las cosas no mejorarán hasta que se las considere de igual forma que el resto de trabajadores", dice la asesora.

Un punto de vista que comparte Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT. "El pacto de Toledo recomendó hace años que los regímenes especiales, como este, debían desaparecer e integrarse en el general o de autónomos, aunque manteniendo algunas particularidades", opina.

El Gobierno reconoce que el régimen de empleo de hogar adolece de desequilibrios. Admite que la situación no es buena. De hecho, mejorarla y equiparar sus derechos con los del resto de trabajadores fue una promesa electoral de Rodríguez Zapatero. Compromiso que aún no se ha materializado. Trabajo lleva desde 2007 intentando cambiar la norma, sin más éxito que unos pocos parches para las situaciones más escandalosas como el asunto del salario por manutención.

Ahora discute con las organizaciones sociales, patronal y sindicatos la fórmula para integrar a estas empleadas en el régimen general de trabajadores. Una inclusión que, según Granado, no es sencilla: "El régimen de trabajo de hogar tiene dos particularidades. La primera es que la relación laboral (las que están a tiempo completo sobre todo) entre empleador y empleada es una relación especial marcada por la confianza. Un factor que influye, por ejemplo, en el despido. Y la segunda es la cotización, ya que si trabajan menos de 20 horas a la semana estas empleadas no tienen que estar afiliadas a la seguridad social. Y eso crea altas tasas de economía informal".

Con la reforma, que a pesar del poco tiempo que queda de legislatura no se da por muerta, el Gobierno busca que el nivel de protección de estas personas sea similar al del resto de trabajadores. "Independientemente de que trabajen una hora o 26", dice Granado. Pero a nadie se les escapa que esto alzaría la cantidad que hay que aportar a la cotización, algo difícil en una época de crisis. Y más complicado aún, si se tiene en cuenta que en este sector no hay empresarios, sino familias -que deben cotizar si se pasa un número de horas-, a las que no se les puede imponer costes difíciles de asumir. "Hay que buscar una forma inteligente para que lo que ahora es economía informal no se convierta en economía sumergida", añade Granado.

La secretaria de Igualdad de UGT asume que, si se logra la inclusión, las cotizaciones se incrementarán irremediablemente. "Lo más difícil es conseguir que la equiparación de derechos no suponga que empleador o trabajadora se vean perjudicados", dice. Esto se puede conseguir estableciendo periodos transitorios, como se ha hecho con los trabajadores agrarios. "No puedes pasar de no cotizar a pagar 250 euros", dice.

El punto de mayor discrepancia es la prestación por desempleo, dice Granado, de la que carecen ahora estas empleadas. "Tiene que haber algún tipo de protección en ciertos casos, pero hay que discutir en cuáles y cómo", dice el secretario de Estado de Seguridad Social. En el resto de reclamaciones, la estructura está bastante armada: habrá contrato escrito y se equiparán las vacaciones, la jornada y las bajas de estas trabajadoras con las del resto.

Pero cambiar la norma no es tan fácil en algunos puntos. ¿Cómo vigilar la seguridad de las trabajadoras cuando la ley de prevención de riesgos laborales excluye a los hogares? Es más, hasta enero de este año la regulación no contemplaba la posibilidad de sufrir un accidente laboral o una enfermedad provocada por el trabajo. Cualquier accidente durante su jornada era considerado como común, con la consiguiente merma de derechos -por una enfermedad laboral se cobra el 100% del sueldo estando de baja-. Ahora, un parche en forma de enmienda en la ley de presupuestos de 2011 reconoce ese derecho, según Granado, que tendrá que ser perfilado a través de una norma con rango de ley. Y otra clave: es difícil controlar cómo se paga o se cobra en un hogar; un terreno en el que la inspección de trabajo no puede actuar. "¿Cómo hacer que ese derecho de la familia a mantener su privacidad no suponga una merma de los derechos de la trabajadora?", se pregunta Fontecha.

Grace Gallego lleva tiempo esperando la equiparación de derechos. Esta pedagoga colombiana de 50 años lleva 10 en España. Llegó un sábado y el lunes ya tenía trabajo de interna. Era la época de expansión del sector, que coincidió con la llegada de la inmigración a España. Ahora las cosas son distintas. "La crisis no ha disminuido el trabajo, pero sí ha provocado que las condiciones laborales empeoren", explica la economista Pérez Orozco.

Hace tiempo que Gallego forma parte de Sedoac, una asociación de empleadas de hogar que lucha para que se las incluya en el régimen general. Trabaja de interna desde hace unos meses en casa de un matrimonio mayor. Atrás quedó el tiempo en que el dueño de una casa en la que trabajaba la acosó. Una situación que la dejó, dice, "de médicos". Ella está bien, afirma, pero cada día ve situaciones que la espantan. "Ahora cobrar 800 al mes por trabajar todos los días a todas horas es una ganga. Mucha gente no cobra ni el salario mínimo y vive en unas condiciones lamentables". Y más lejos: algunas empleadas inmigrantes siguen pagando la cotización a pesar de haber perdido su empleo (o sin llegar al mínimo) para poder permanecer en situación regular en España.

"El empleo de hogar cubre situaciones diversas. En algunas, el Estado debería ser directamente responsable, por ejemplo, en el cuidado de ancianos o menores y en la conciliación", dice Orozco. "Trabajar de sol a sol por menos de 900 euros de lunes a domingo es una pasada", clama Isabel Otxoa "¿Esclavitud? Según los estándares, en la vieja Europa se puede considerar una situación de semiesclavitud, desde luego. El sistema, además, no deja otra opción. Está corrupto de base", sigue. La secretaria de Igualdad de UGT, además del compromiso del Gobierno, pide que los ciudadanos tengan más conciencia social. "La mayoría de empleadores somos a su vez trabajadores. Luchamos por tener condiciones de trabajo decentes, pero luego no lo ponemos en práctica en casa".

Y esa es la clave. Hasta que el empleo doméstico no sea considerado un trabajo digno, una labor tan válida y útil como cualquier otra, las reformas no terminarán con la desigualdad.

Cotización, derechos y deberes

- Contrato. Las trabajadoras domésticas pueden tener un contrato verbal o escrito. La mayoría de los empleadores utilizan la fórmula verbal. En el régimen general de trabajadores es obligatorio que el contrato sea por escrito.

- Jornada máxima. El régimen del empleo de hogar fija que la jornada diaria máxima es de nueve horas. Igual que el régimen general. Sin embargo, las empleadas internas pueden estar obligadas a permanecer en el domicilio "a disposición" de la familia empleadora durante otras siete u ocho horas. Es el "tiempo de presencia".

- Descanso semanal. Está previsto que libren 36 horas a la semana. Igual que en el régimen general. Sin embargo, para estas empleadas, estas horas pueden no ser continuadas.

- Enfermedad. Las empleadas del hogar solo tienen bajas por enfermedad retribuidas a partir del día 29 de enfermedad. Los trabajadores del régimen general disfrutan de baja por enfermedad retribuida a partir del tercero. Los autónomos del cuarto.

- Cotización. No se cotiza si trabaja menos de 72 horas al mes. La cotización es fija y por cuenta de la empleada si trabaja menos de 20 horas semanales para el mismo empleador.

- Salario. Se fija el mínimo legal (641 euros). Hasta hace unos meses, a esta cantidad se le podía descontar el 45% en concepto de manutención y alojamiento (en las internas).

El CETI acoge a 540 inmigrantes debido a la entrada de pateras

 

El CETI acoge a 540 inmigrantes debido a la entrada de pateras

Sur, SUR, 2011-06-01

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla acoge a 540 inmigrantes tras la llegada de dos pateras.

Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno, se han interceptado dos embarcaciones con inmigrantes en los últimos días, una el viernes y otra el domingo. A bordo de las dos embarcaciones viajaban un total de 26 inmigrantes que, tras ser rescatados, fueron trasladados al CETI, donde permanecerán a la espera de que se resuelvan sus correspondientes expedientes.

Cifra de acogidos

La cifra de acogidos suele estar en torno a las 500 personas, ya que las entradas se contrarrestan con la salidas de inmigrantes que son trasladados a la península, bien para su reintegración familiar o bien para la ejecución de su expediente de expulsión.