Una nueva ley garantizará que ningún ciudadano del archipiélago balear pase hambre
- Una persona podrá exigir ante los tribunales que se le garantice una 'ingesta mínima'
- La consellera Santiago presenta hoy el anteproyecto
PALMA.- Nadie morirá de hambre o de frío en Baleares. Según la nueva Ley de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto presenta hoy la consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, Fina Santiago, a las asociaciones integrantes que trabajan en este ámbito, todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo.
La nueva Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares incluirá una cartera de lo que se ha dado en denominar "derechos subjetivos" y que tendrán por objeto, por ejemplo, garantizar el derecho de toda persona "a una ingesta mínima de alimentos que le evite pasar hambre a causa de su situación económica".
Tal como explican los redactores del ante proyecto de ley, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o una familia se encuentra en una situación de necesidad tal que le impide acceder a una alimentación suficiente -para el individuo y/o para sus hijos- la administración tendrá que corregir esa situación.
Para ello se ofrecerán diversas posibilidades, como el acceso a comedores sociales, bolsas de alimentos o becas para comedores escolares. En la actualidad estas garantías vienen dadas ya por iniciativas que desarrollan ONGs o entidades sociales, como el Patronato Obrero, con su comedor social, o la Cruz Roja.
Una novedad que introducirá la ley es que si la persona que se encuentra en situación de pasar hambre no obtiene una respuesta de la administración en el sentido de paliar su necesidad, el afectado podrá exigirla acudiendo para ello a los tribunales e interponiendo una demanda contra el sistema por permitirle pasar hambre.
Cuando hace unos meses la consellera Fina Santiago presentó el borrador que hoy estudiarán las entidades integrantes del Consejo Superior de Acción Social, señaló que con su promulgación "Baleares se convertirá en la primera comunidad autónoma que define que no pasar hambre es un derecho".
No mencionó la consellera si se arbitrará algún tipo de medida para agilizar la tramitación de una eventual demanda interpuesta ante los tribunales por una persona que pasa hambre, de modo que la habitual lentitud de la Justicia no haga que la solución llegue cuando ya sea demasiado tarde y el problema no tenga ya remedio.
Juntamente con el derecho a no pasar hambre o, mejor dicho, el derecho a la alimentación, la vivienda y el vestido adquieren en la nueva ley la categoría de la "necesidades básicas" y se establece que la administración tiene la obligación de garantizar una respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social.
Es decir, que una persona que carezca de techo y/o ropa para garantizar el bienestar físico propio o de su familia, podrá solicitar ayuda a la administración, que deberá promover, por la vía de la urgencia, acciones que permitan solucionar esos problemas, constitutivos, según el espíritu de la ley de emergencias sociales.
A partir del momento en que el Parlament apruebe esta ley se iniciará un periodo con una duración estimada de 18 meses, a lo largo del cual se elaborará una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto. Esta cartera definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.
Servicios sociales Estos derechos -alimentación, ropa y techo- podrán ser exigibles ante la administración autonómica "del mismo modo -explicó la consellera Santiago en la presentación de la ley- que si una familia tiene un niño de 7 años puede exigir que se le conceda una plaza escolar en un centro educativo público."
En este documento figurará la lista de servicios sociales que las administraciones de las islas habrán de ofrecer a los ciudadanos de forma obligatoria y los que tendrán una categoría de "recomendables". Además, establecerá ratios de servicio por población. Por ejemplo, si por cada 20.000 habitantes ha de haber un centro de día.
Otro cambio significativo será la asignación de presupuestos ampliables a las partidas destinadas a los servicios sociales, de modo que se podrá destinar más dinero a una iniciativa social sin tener que esperar para ello a la redacción de los presupuestos del año siguiente, según señalan los redactores.
