"En el banco me dicen que venda el piso. Pero nos costó 40 (millones de pesetas), y si lo vendo, ahora nos dan 20"
Estos tres últimos años, 350.000 propietarios, familias en su mayoría, han perdido o van a perder sus casas
Stalin Pérez, ecuatoriano, es uno de los 'colgados' por la hipoteca. Se quedó sin casa y debe aún 140.000 euros al banco "
Esther, de 42 años, y su marido, de 52, tendrán que cobijarse por separado con sus respectivos padres
El embargo de las viviendas no colma las reclamaciones bancarias, no elimina la totalidad de la deuda
"Lo último que querría la banca es tener pisos. Lo llaman 'el mal de piedra", dice Encarna Pérez, de la patronal bancaria
Según el Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias, que en 2008 sumaron 58.000, y en 2009, 114.000, superarán este año las 180.000. Eso significa que en estos tres últimos años 350.000 propietarios, familias en su gran mayoría, han perdido o van a perder sus casas y que cada día que pasa medio millar más se queda sin vivienda. Súmense a estos insolventes los casos de familiares y amigos que avalaron los créditos, y que ahora corren el riesgo de que les embarguen sus propias casas, y se entenderá por qué parte de la sociedad española siente que el suelo tiembla bajo sus pies, teme precipitarse al vacío de la miseria y la exclusión.
Discretamente, casi sin ruido, en España se está produciendo un fenómeno masivo de migraciones domésticas encaminadas a la agrupación, la concentración y el hacinamiento. Son familias que, ante la imposibilidad de pagar la hipoteca (y en otros casos el alquiler), se mudan a viviendas de habitaciones subarrendadas con derecho a cocina y baño; personas solas que ponen su piso en alquiler y regresan a casa de los padres o comparten piso con otros familiares o amigos; gentes que no encuentran más refugio que los pisos patera y las pensiones sórdidas de camas calientes de dos y hasta tres turnos. Es la franja social machacada por el mazo de la crisis, los ahorcados por las hipotecas, los defenestrados de la "fiesta del ladrillo". Todos ellos llevan grabada en la mente e impresa dolorosamente en el alma una fecha fatídica.
La fecha que martilleaba incesantemente a Esther, de 42 años, y a su marido, de 52, era el 31 del pasado mes de marzo. Ese día, los Mossos d'Esquadra se presentaron en su piso para deshauciarles. Tendrán que cobijarse provisionalmente, cada uno por su lado, en casa de sus respectivos padres. Su primera separación tras 6 años de casados y 10 de convivencia, porque ni los padres de él ni los de ella están dispuestos a acogerles a los dos. "Es increíble que no se pueda detener el proceso de desahucio, cuando acabo de ganar las oposiciones a auxiliar administrativo de la Generalitat y dentro de unos meses, una vez adjudicada la plaza, podría intentar hacer frente a los pagos. Somos los nuevos pobres, gente a la que nos da un enorme apuro y vergüenza reconocer que estamos viviendo a un paso de la miseria", afirma, exasperada, impotente, al borde del llanto. La pareja vive con los 426 euros del subsidio que le corresponde al marido por parado de larga duración y mayor de 52 años. No tienen hijos. "Casi me alegro, dada nuestra situación. Quiero vivir, pero tengo miedo hasta de mis propios pensamientos porque lo damos todo por perdido", dice.
En el incierto compás de espera que mantiene atrapadas a tantas familias, la angustia socava posiciones que se creían consolidadas, arrasa horizontes de ilusión y esperanza. ¿El surgimiento, en tan poco tiempo, de este ejército de desahuciados no nos interpela ahora, dramáticamente, sobre la política de vivienda seguida en los últimos lustros en el país del millón y medio de casas vacías y precios prohibitivos de los pisos? El 84% de las viviendas españolas se encuentra en régimen de propiedad, frente al 61% de la media europea. Es un hecho demostrado que lo último que la gente deja de pagar es la cuota del piso y también que la economía sumergida se está nutriendo de insolventes hipotecados que trabajan en negro para evitar que les intervengan las nóminas en un procedimiento de ese tipo.
La cadena iniciada con la pérdida del puesto de trabajo -en muchos casos, la entrada en el paro de uno de los miembros de la pareja ya sitúa a la familia ante el umbral de la pobreza- desemboca con frecuencia en situaciones muy comprometidas una vez agotado el subsidio de desempleo. Son las últimas mallas del sistema, conformadas por las rentas mínimas de inserción y por las ayudas y subvenciones administrativas dirigidas a combatir el desahucio de las rentas más bajas, lo que está impidiendo un desplome mayor en la miseria. El caso de la familia catalana Barroso-Lavadesa es un exponente del encadenamiento desgraciado de sobreendeudamiento, paro, impago de hipoteca, pobreza y vulnerabilidad. Alonso (36 años) y Eva (32) pusieron en alquiler su piso de Badalona en agosto pasado y con sus tres hijos pequeños se fueron a vivir a casa de su madre, una vivienda de alquiler en Santa Coloma de Gramanet en la que han recalado también un hermano despedido del ferrocarril con su familia y una hermana en situación similar.
La entrevista tiene lugar en la terraza de la casa, pequeña, de una planta, abigarrada de colchones y todo tipo de enseres. Lo que el periodista encuentra es una estampa familiar descorazonadora de rostros sombríos, expresión deprimida y ojos enrojecidos por las lágrimas que asoman por turnos en cada intervención. Debe de ser duro reconocerse en la cruda situación que describen tus propias palabras pronunciadas en voz alta y mucho más oírle contar a la madre que ha intentado suicidarse tres veces porque, después de haber trabajado toda la vida, está enferma y no quiere ser una carga para sus hijos en esta situación tan difícil. "Cuando me quedé sin empleo en la obra, pusimos el piso en alquiler para poder pagar la hipoteca de 1.400 euros, pero el problema", explica Alonso, "es que la inquilina se ha quedado ahora sin trabajo y no me paga los 600 euros de la renta, aunque sabemos que realquila las habitaciones a 400". Alonso Barroso tiene también otro problema añadido: se cayó del tejado cuando trataba de reparar la antena de su casa -"no podía pagar un antenista"- y lleva meses sin poder andar. Para colmo de males, Eva, su mujer, perdió su trabajo como vigilante de seguridad cuando tuvo que ocuparse de su marido y de los tres niños.
Aunque el conjunto de la familia reúne en subsidios, ayudas y subvenciones una cifra nada despreciable: 600 euros de la pensión de invalidez de Alonso, 700 del paro de Eva, 400 de subsidio del cuñado y 480 de la pensión de invalidez de la madre, María del Carmen, que padece del corazón entre otras afecciones, los Barroso-Lavadesa no consiguen llegar a final de mes. "Hemos vendido todo lo que podíamos vender: las joyas, un coche, el vídeo, el aparato de música, pero no nos llega porque con eso tenemos que pagar los 1.400 de hipoteca, los 585 del alquiler de esta casa, los 350 euros de la letra de una furgoneta que no vendemos porque nos ofrecen menos de lo que nos queda por pagar. Sume usted a eso la luz, gas, agua, comida, ropa y calzado para los niños, pañales, papillas, leche, y comprobará que el dinero no alcanza", explica Eva. No alcanza hasta el punto de que han necesitado la ayuda de Cáritas para cubrir el alquiler de los últimos meses de esa casa comunitaria convertida en el último refugio, la tabla salvavidas de los Barroso-Lavadesa. La madre, María del Carmen, cuenta que, aunque es la primera vez en 10 años que no cumple a tiempo, la casera ya le ha comunicado que su marido se está poniendo nervioso por el retraso en los pagos.
-¿Y por qué no venden el piso de Badalona?
"Es lo que me dicen en el banco, pero es que nos costó 40 (millones de pesetas) y si lo vendo ahora, nos dan 20. Es todo lo que tenemos, aunque el del banco ya me ha dicho que en realidad lo único mío de la casa serían unas cuantas baldosas porque les debemos 347.000 euros del crédito de 360.000 que nos dieron", responde Alonso. "Y no hay día que pase", interviene Eva, "sin que me llamen para amenazarme con que van a ejecutar la hipoteca de la casa de mi padre, que nos avaló el préstamo". Dicen que no sueñan con que les toca la lotería, sólo con tener trabajo y salud, poder ganarse la vida, dormir con la tranquilidad de que a sus hijos no les falta de nada. Tiemblan también por sus avalistas, personas mayores aterradas ante la posibilidad de que puedan perder su piso, el fruto de sus ahorros.
Cabe preguntarse si los únicos responsables de esta catástrofe que castiga a las franjas económicamente más débiles de la sociedad son los propios insolventes que, llevados por la ignorancia, la ambición, la ingenuidad, cometieron la osadía de meterse en un piso que no pueden pagar. ¿Ellos solos se lo han buscado o es que ese sueño nacional al que se adhirieron con especial ilusión los inmigrantes, "el sueño español", fue inducido irresponsablemente por la alegría crediticia de estos años atrás, al tiempo que el sobreendeudamiento resultante de la burbuja inmobiliaria, que nadie se atrevió a pinchar, les colocaba inadvertidamente la soga que ha acabado por ahogarles?
Es una soga de la que no resulta fácil desprenderse, ya que el embargo de los pisos, que han perdido el valor de años atrás, no colma las reclamaciones bancarias, no libera de la condena de seguir cargando con la losa. "Hemos observado que mujeres que habían encontrado una salida laboral de la prostitución han vuelto a ejercerla porque se les ha taponado esta vía", apuntan, incluso, en el centro de rehabilitación de Las Teresitas, en Madrid. "Trabajaba en una multinacional, pero me quedé con un paro de 600 euros. Me he metido en esto porque no podía pagar las hipotecas y las facturas", afirma una mujer que aparece en los anuncios de contactos, subrayando su condición de española que se estrena en el oficio.
"Nos quitaron el piso de Vallecas (Madrid) hace un año, cuando perdí mi trabajo de informático", dice Stalin Pérez, ecuatoriano de origen con más de una década en España. "No pudimos pagar la cuota del crédito hipotecario de 240.000 euros, que subió de golpe de 900 a 1.500 euros, y nos pusieron en la calle con dos niños pequeños. En la subasta, el banco se lo adjudicó en 130.000 porque ahora no hay nadie que puje por un piso en las primeras convocatorias. Después de haberles pagado 27.000 euros del crédito y haberme quedado sin casa, siguen reclamándome una deuda de 140.000, ya que me suman los intereses que han seguido corriendo y las costas del proceso judicial". Stalin y su familia viven ahora de alquiler y él se gana la vida con un pequeño locutorio.
"¿Que si estoy bien ahora? Imagínese la felicidad que puedo tener. Estoy incluido en el registro de morosos, Asnef; no tengo derecho a préstamos bancarios ni a tarjetas de crédito; pueden intervenir judicialmente mis ingresos y debo al banco una barbaridad de dinero que no sé cómo voy a pagar y que es una condena de por vida. Ahora mi piso tiene colgado un cartel de Se vende. He llamado y piden por él 190.000". ¿Hacen negocio los bancos con los créditos impagados, como creen muchos de quienes han descubierto que el ideal del piso en propiedad puede trastocarse en maldición?
"Lo ultimo que querría tener la banca son inmuebles", indica Encarna Pérez, de la Asociación Española de Banca (AEB). "Le llaman el mal de piedra porque no es su negocio y les obliga a dedicarle muchos recursos y a recortar los resultados. Por cada piso que se queda, la banca tiene que hacer una provisión de fondos por el 10% del valor de tasación, que se convierte en el 20% al año siguiente, además de pagar las cuotas de la comunidad de vecinos, arreglar los desperfectos... En realidad, tratan de quitarse los inmuebles de encima como pueden, incluso refinanciando créditos y dando facilidades a sus clientes", subraya.
El campo en ruinas de los damnificados está abonado con créditos hipotecarios concedidos por el 100% y hasta el 120% del precio del piso a personas de salarios modestos y situación laboral poco estable que ahora cargan con su error. A estas alturas, parece evidente que parte de las entidades de crédito incurrió en comportamientos excesivamente laxos, poco rigurosos. "Fueron años de gran expansión, con tasa de desempleo y tipos de interés bajos, en los que el mercado tiraba para adelante, pero en España no han existido como producto las hipotecas subprime ni las ninja (concedidas a personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades)", explica Encarna Pérez.
A Berta Delicia, una mujer ecuatoriana de 60 años sin patrimonio ni más ingresos que los 700 euros mensuales que gana limpiando portales, y a su entonces marido, trabajador no cualificado, la banca les dio un crédito de 240.000 euros. Como no podía pagar, menos todavía tras el divorcio, Berta recurrió a las financieras y terminó hundiéndose más y más en un pantano de deudas. Fue la intervención judicial precisamente y la actitud de los acreedores que aceptaron el piso en dación (entrega del piso a cambio de anular la deuda hipotecaria pendiente) la que le sacó del atolladero cuando estaba a punto de perder la salud.
"Acabo de regresar de la región rumana de Alexandria y he vuelto impresionado por la cantidad de villas y mansiones de dudoso gusto levantadas con créditos de bancos españoles y que ahora están paralizadas, a medio construir, porque, por lo visto, ya no llegan de España las remesas de los inmigrantes", comenta el director y productor de cine Julio Soto. Según el Banco de España, el crédito hipotecario considerado moroso o dudoso (tres meses consecutivos de impago), que no cesa de aumentar, alcanzó en septiembre último los 18.209 millones de euros de un volumen total de 609.395 millones. Subsumida en el montante general, la cifra no parece tan enorme, pero es ahí donde se concentra el drama de esas 350.000 familias.
En las conversaciones con los "ahorcados por la hipoteca", título que da nombre a una de las asociaciones de afectados, circula la idea, lacerante como un puñal, de que todo el mundo (bancos, inmobiliarias, tasadores, notarios...) ha ganado a su costa. "Todos ganaban con nuestra desgracia", dirán en Madrid o Barcelona Estefanía Portaña, Segundo Zapata, Erick Jativa... ¿Estamos ante un equívoco inducido por el mercado o ante un ejercicio de ingenuidad por parte de gentes ambiciosas e incautas que pensaron que tener una vivienda en propiedad en España estaba al alcance de todo el mundo?
La inmensa mayoría de esta legión de perdedores carece, desde luego, del conocimiento, experiencia y los reflejos mostrados por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cuando, a propósito de los vuelos suspendidos por su compañía aérea Air Comet y de los miles de viajeros perjudicados, dijo aquello de que él "nunca habría elegido Air Comet para volar a ningún sitio".
Ada Colau, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cataluña, que reclama la dación, sostiene que la combinación fatal de boom inmobiliario, sobreendeudamiento e insolvencia familiar fue favorecida por la concesión casi indiscriminada de créditos hipotecarios y por la ausencia de controles públicos y políticas dirigidas a garantizar un alquiler accesible y estable. Pocas voces cualificadas salieron entonces a denunciar los excesos, y las que lo hicieron quedaron ahogadas en la alegre cacofonía general del "corre ahora lo que puedas y no pienses en mañana". Ocurrió, incluso, pese a la crítica a los préstamos hipotecarios a 40 y 50 años que el entonces ministro de Economía Pedro Solbes vertió en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. Sus palabras fueron contestadas y cayeron en saco roto.
"Tengo 49 años y una hipoteca a 40 años que vencerá cuando, seguramente, yo ya estaré muerta", comenta Edurne, educadora social en Girona. "Firmé la hipoteca hace cuatro años, a medias con mi compañero, pero me la quedé al completo cuando él se marchó, y aunque hasta ahora he pagado los ochocientos y pico mensuales, ya no puedo más. Llevo dos años intentando vender la casa, y ahora lo que quiero es que el banco se quede con ella a cambio de liquidarme la deuda: 140.000 euros de un crédito total de 145.000", dice. Edurne no lo tendrá fácil porque los bancos acreedores sólo aceptan la dación muy excepcionalmente y en casos de insolvencia manifiesta. "Después de tantas angustias, he decidido que se acabó el miedo, que hagan conmigo lo que quieran, no voy a seguir viviendo en la miseria para poder pagarles". "Tenemos que salir a manifestarnos a la calle con nuestros hijos", lanza Segundo Zapata, ecuatoriano con una fecha de desahucio del pasado día 11.
El techo se le ha caído encima a Ailín García, de 29 años, divorciada, madre de tres hijos, el último de los cuales acaba de nacer con insuficiencia respiratoria. Ha perdido la casa de renta antigua por la que pagaba 380 euros al mes en Barcelona porque su ex marido no le avisó de que había dejado de abonar el alquiler. Está aterrada, más que desesperada. "Cuando me enteré, intenté subrogar el alquiler a mi nombre y pagar los meses atrasados, pero la casera no me dejó. Supongo que prefiere contratos a precios actualizados". Dice que el juicio y la sentencia han sido rapidísimos y que en la vista ni ella ni su abogada pudieron prácticamente abrir la boca. Ailín ha experimentado la celeridad del procedimiento establecido en la Ley de Alquiler, conocida por los damnificados como "desahucio exprés", que facilita y agiliza el proceso de desalojo en caso de impago.
Concebida con el propósito de ampliar el raquítico mercado de alquiler en nuestro país -uno de los puntos débiles del problema-, la ley parece estar dando sus resultados: los hogares en alquiler pasaron de ser el 11% al 13% en 2008, y el precio del alquiler no ha subido prácticamente en los últimos meses, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque sacrifica por igual al insolvente honesto y al aprovechado.
El desahucio de Ailín García lleva la fecha del 15 de abril, y ella dice que no tiene alternativa, que sus ingresos -los 600 euros que le pasa su marido por el cuidado de los hijos y los 410 del PIRMI, la ayuda de la Generalitat- no le permiten pagar un alquiler a precios de mercado. "Trabajaba en una frutería y decidí ponerme por mi cuenta, pero fue un negocio desastroso y ya no tengo nada. De la noche a la mañana me veo debajo del puente con un recién nacido y dos niñas de ocho y cinco años a las que hasta ahora no les ha faltado de nada. La alternativa es que los cuatro nos metamos de realquilados en una habitación o me vuelva a Cuba como me dice la asistente social. ¿A Cuba?, pero si yo salí de allí a los 18 años y España es ya mi país", dice, envuelta en lágrimas.
Sin red familiar y con menos recursos, parece claro que el mal de piedra está castigando proporcionalmente más a los inmigrantes. "Calculo que el 60% de los casos que veo en mi juzgado corresponden a inmigrantes", apunta el juez instructor de uno de los juzgados madrileños que ejecutan las hipotecas impagadas. Según su experiencia, en buena parte de los casos los bancos se quedan con los inmuebles por el 50% del valor de tasación. Dice que el procedimiento judicial es una apisonadora que apenas contempla la pregunta retórica de si el ejecutable ha pagado o no. Ante esa apisonadora trituradora de ambiciones, sueños e ilusiones desfilan a diario, perdedores con fecha de desahucio y futuro sombrío.
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