Los empresarios parece que se han olvidado de los despidos por causas objetivas, conciliación administrativa o sentencia judicial, y eligen la expulsión improcedente, la más cara del mercado (45 ó 33 días por año trabajado con un límite de 42 y 24 mensualidades, respectivamente) para realizar sus ajustes, según fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Argumentan que así consta en un informe del Departamento que dirige Celestino Corbacho y que esperan acabe con el manido debate entre los que apuesta por un despido más barato y los que defienden las actuales condiciones. El documento refleja que el 40% del empleo destruido en los últimos meses procede de rupturas individuales sin motivo. No obstante, la mayor demolición de puestos de trabajo, el 54%, obedece a la rescisión de contratos temporales.
Los expedientes de regulación (ERE) sólo suponen el 3% de las contrataciones desaparecidas. Además, son ajustes destinados casi exclusivamente al sector industrial. El despegue de su utilización se inició en octubre de 2008 y, desde entonces, se ha acelerado con especial intensidad en diciembre. Todo indica que la tendencia continuará, pero a pesar del impresionante crecimiento, «un dato positivo» -a juicio de Trabajo- es que la inmensa mayoría de los expedientes autorizados hasta finales de 2008 son de suspensión temporal, mientras que el incremento de los que implican despidos es muy exiguo.
Durante varias legislaturas el precio del cese de la relación laboral ha experimentado recortes. El descenso de las indemnizaciones se produjo unas veces por consenso, como en 1997, y otras por imposición unilateral de los gobiernos de turno, como en 1994 y 2002. Esta última reforma bajó sustancialmente el coste del despido y no impidió que el ejercicio terminara con 226.000 parados más y una tasa de desempleo del 11,45%. A partir de estos cambios, los empresarios que depositan en una cuenta la indemnización, hasta que se aclara la situación en caso de litigio, no pagan los «salarios de tramitación», es decir, ahorran la retribución del despedido desde que se le comunica hasta que el tribunal sentencia que su expulsión es improcedente.
Sin motivo
Los datos de Trabajo reflejan que el aumento de despidos sin motivo fue considerable entre 2001 y 2007 (año anterior a la rebaja y último sin crisis) al llegar al 100% o, lo que es lo mismo, en seis años se duplicaron las salidas laborales. «El abaratamiento del despido sólo ha valido para que se hagan más despidos», dijeron fuentes consultadas.
La última reforma laboral de mayo de 2006, firmada por Gobierno, patronales y sindicatos, tuvo como fin principal reducir la temporalidad sin poner en peligro la creación de empleo ni recortar la protección social. El resultado dejó mucho que desear. El índice de inestabilidad sólo se redujo tres puntos. Prueba de ello es que en enero pasado se realizaron 1.125.773 colocaciones y sólo el 10,59% (119.201) fue indefinido. Existen cuatro comunidades -Andalucía (4,12%), Extremadura (5,67%), País Vasco (9,42%) y Murcia (9,84%)- incapaces de crear 10 empleos fijos de cada 100 .
El Ministerio lamenta que la discusión del coste del despido, haya pasado la temporalidad a segundo plano e impida que los objetivos de las próximas reformas, como jornada flexible, herramientas y escenarios modernos se abandonen. Cree que son fórmulas de acoplamiento entre el contratante y la mano de obra, que aumentarían la productividad sin rebajar la protección de los trabajadores.
Trabajaban en el desmantelamiento de una de las piezas del antiguo horno de la fábrica de cemento situada en la zona de La Araña de la capital cuando un bloque de ladrillos refractarios que la recubrían se desplomó sobre ellos. Dos trabajadores de la empresa Usabiaga, encargada de los trabajos, quedaron atrapados en el tercer piso de estas instalaciones, aunque ninguno resultó herido de gravedad.
Los dos empleados, de 61 y 41 años de edad respectivamente, pudieron salir por su propio pie de debajo de los escombros en los que habían quedado parcialmente sepultados.
"Uno de ellos incluso tuvo tiempo de coger un soplete y soldar una de las chapas del horno que habían caído sobre su compañero", contó a este periódico uno de los trabajadores de la compañía Financiera y Minera, del grupo Italcementi, a la que pertenece la fábrica.
Aun así, los bomberos subieron a rescatar a los dos trabajadores, que fueron bajados en camilla y trasladados hasta el hospital Carlos Haya de Málaga donde a última hora de ayer aún permanecían en observación en el servicio de Urgencias por las múltiples contusiones que habían sufrido a causa del derrumbe.
Fuentes del centro hospitalario aseguraron que ambos se encontraban estables y conscientes, y que previsiblemente permanecerían ingresados para ver su evolución.
El accidente ocurrió pasadas las 15:10 de la tarde e inmediatamente se trasladaron hasta el lugar varios coches de bomberos, Policía Nacional, Policía Local y ambulancias de los servicios de emergencia para atender a los heridos.
Es el segundo accidente laboral de gravedad que se produce en estas instalaciones desde que comenzó el proceso de modernización, en el que la compañía cementera tiene previsto invertir unos 84 millones de euros. En marzo de 2006 un obrero de origen chino que trabajaba en la instalación del nuevo horno de la fábrica, en el que participaron unos cien operarios, murió quemado mientras realizaba tareas de inspección y control de las soldaduras en el interior de un tubo metálico de gran envergadura.
La empresa Financiera y Minera emprendió este ambicioso plan de modernización hace tres años para adaptarse a las exigencias que marca el protocolo de Kioto sobre las emisiones a la atmósfera.
Para ello, se instaló un horno de última generación que sustituye a los dos que la empresa Usabiaga -la misma que desmontó la estructura del edificio Windsor del edificio de Madrid que resultó calcinado tras un aparatoso incendio- lleva desmontando desde el pasado mes de noviembre.
La compañía prevé eliminar con estas actuaciones la casi totalidad de las partículas de polvo que antes emitía la fábrica, además de reducir el consumo de energía y las emisiones de gases contaminantes.